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Antecedentes del Conflicto y Cronología de los Hechos

    1. A fines de enero de 2015 la Empresa se hallaba al día en el pago de las obligaciones a su personal. Todas las quincenas y sueldos habían sido abonados en término, y se había acordado con el personal ante el Ministerio de Trabajo que el SAC correspondiente al segundo semestre de 2014 se abonaría en cinco cuotas mensuales y consecutivas a partir de febrero de 2015. Las vacaciones y el plus vacacional se habían ido otorgando desde diciembre en forma semanal, sin inconvenientes. Se destaca entonces el hecho de la Empresa, a esa fecha, se hallaba perfectamente al día con sus obligaciones de pago al personal.

    1. El 5/2/2015 la Empresa comunicó a su personal que, por restricciones de fondos producto de la caída de ventas del último bimestre,  al día siguiente abonaría aproximadamente la mitad de los salarios correspondientes a la segunda quincena de enero, previendo que el pago del saldo se realizaría en los días inmediatos subsiguientes.

    1. El mismo día 5/2, luego de la lectura del comunicado, y aún antes del vencimiento de la obligación de pago, los operarios agremiados a SMATA comenzaron una indefinida huelga, en lo que el gremio denominó “retención de tareas”. Esa medida de fuerza provocó de hecho la paralización de la actividad de la Empresa, impidiendo la entrega de productos terminados y los consecuentes ingresos de fondos previstos. Como consecuencia de ello, no fue posible proceder al pago del saldo de esa quincena en el plazo previsto originalmente.

    1. El 10/2, en la primera audiencia por este tema que fue convocada por el Ministerio de Trabajo, la Empresa exhortó a su personal a retomar las tareas, argumentando que a ninguna solución se podría llegar con la planta parada, comprometiendo que el pago del pequeño saldo adeudado se podría cancelar en uno o dos días en la medida que la planta estuviera funcionando, postura ésta que fue rechazada por el gremio.

    1. El 18/2, y ante la continuación de la medida de fuerza, la Sociedad efectuó ante el Ministerio de Trabajo la correspondiente presentación Preventiva de Crisis, la que, a más de cuatro meses y medio de presentada, aún no fue respondida por ese Organismo.

    1. El 19/2, en una nueva audiencia, la Empresa exhorta nuevamente a retomar las tareas y, en la medida que ello ocurra, ofrece destinar el 50% de todo ingreso bruto que se recibiera al pago del saldo adeudado, lo que permitiría cancelar la totalidad del mismo en dos o tres días. La propuesta fue rechazada por los representantes gremiales.

    1. El mismo 19/2 los operarios agremiados en SMATA tomaron en forma violenta las instalaciones de la Empresa, incendiando y saqueando parte de las mismas, y expulsando a el resto del personal que no adhería al conflicto ni a sus reclamos. Uno de los operarios expulsados fue agredido salvajemente por los activistas y tuvo que ser derivado al hospital zonal.

    1. El 24/2 la Empresa pone en conocimiento al Ministerio de Trabajo de los hechos de violencia que se estaban registrando en la planta tomada, así como de las amenazas proferidas por los usurpadores tanto al personal gerencial como al directivo y a los accionistas de la Sociedad.

    1. El 27/2, en una nueva audiencia ante el Ministerio de Trabajo, la Empresa vuelve a insistir en su propuesta del 19/2 y agrega que, en relación con su ofrecimiento de destinar el 50% de sus ingresos brutos al pago de los haberes adeudados, no tiene inconvenientes en que el movimiento de fondos correspondiente fuera monitoreado y auditado por personal contable profesional de Smata. Nuevamente la propuesta fue rechazada por la entidad gremial.

    1. El 4/3 la Empresa vuelva a informar al Ministerio acerca del clima de inusitada violencia y amenazas por parte del personal que ocupa la planta, las que, según manifestaciones de la Entidad gremial, ahora involucraban también a sus representantes.

    1. El 5/3, en otra audiencia, la Empresa vuelve a exhortar a abandonar la medida de fuerza y la toma de las instalaciones, y expresa que, de continuar las mismas, no tendrá otra alternativa que despedir a no menos de la mitad de su personal, dado que por acción de los manifestantes se hallaba impedida de llevar a cabo sus actividades comerciales. Una vez más, la posición de la Empresa fue rechazada por la entidad gremial.

    1. El 6/3 la Empresa comunica al Ministerio de Trabajo que procedió en esa fecha al despido de 98 operarios en los términos del art. 247 LCT, y solicita al Ministerio “que se arbitren los medios necesarios a través de la policía de Trabajo, o de los organismos que ese Ministerio considere adecuados, para asegurar la puesta en marcha nuevamente de la Empresa, lo que le permitirá poder cumplimentar el pago de las indemnizaciones correspondientes, atender sus obligaciones impositivas y comerciales y asegurar la protección de la fuente de trabajo de los empleados remanentes (90 personas)”.

    1. El 19/3 los ocupantes fueron desalojados de la planta en forma pacífica por orden judicial. La Empresa convoca a su personal a retomar tareas a partir del 25/3 (siguiente día hábil), lo que fue impedido por los mismos operarios que fueran desalojados, y que a partir de ese día ocupan las veredas y el playón de acceso a la fábrica, bloqueando el ingreso del personal e impidiendo de hecho toda actividad comercial de la firma.

    1. El 13/4 la Empresa vuelve a convocar a su personal a retomar tareas, lo que nuevamente es impedido por los manifestantes que ocupan la vereda y el playón de acceso. En una nueva audiencia a la que fue convocada para ese mismo día, la Empresa indica que para efectuar las liquidaciones por despido y pagar las mismas es imprescindible el ingreso a la planta de su personal administrativo, y compromete el pago de las indemnizaciones a los quince días del reinicio de la actividad mencionada. Esa posición fue nuevamente rechazada por la entidad gremial.

    1. El 21/4, citada a una nueva audiencia, la Empresa ratifica lo actuado el 13/4 y reitera que, de continuar con la acción ilegal de los manifestantes de no permitir el ingreso del personal y el funcionamiento normal de la Empresa, no podrán atender reclamo alguno. La posición de la Empresa fue nuevamente rechazada por la entidad gremial, la que a su vez e incomprensiblemente en esa audiencia desconoce que sus afiliados estén bloqueando el ingreso, a pesar de las abundantes pruebas en contrario y de estar acompañados en dicha audiencia por seis participantes del bloqueo. En el transcurso de dicha audiencia los representantes gremiales y los ex operarios acompañantes manifiestan no estar interesados en la solución del conflicto ni en el cobro de sus indemnizaciones, sino que lo que persiguen es la quiebra de la Empresa y la consecuente creación de una Cooperativa para quedarse con la misma. Tal posición fue reiterada en varias oportunidades en esa Audiencia y frente al representante del Ministerio de Trabajo de Morón, a pesar de lo cual la misma curiosamente no fue incluida en el acta correspondiente redactada por el propio Ministerio.

    1. A partir de allí, los manifestantes incrementan su actividad hostil y el bloqueo del ingreso a la planta, y exponen carteles en la vía pública que señalan su ya reconocido propósito de operar como una cooperativa y su deseo de apropiarse de lo ajeno. No hace falta entonces demostrar el propósito, sino que es reconocido por los propios manifestantes en forma pública. Es de destacar que entre dichos manifestantes pro cooperativistas están tres de los cuatro delegados que tenía el gremio en la Empresa.

    1. El 28/5, en otra audiencia ante el Ministerio, esta vez solicitada por la propia Empresa, la misma  presenta una nueva propuesta consistente en retomar la actividad el 1/6, liquidar de inmediato y pagar el 5/6 los salarios adeudados por el período previo a la medida de fuerza, liquidar y pagar el 19/6 el SAC 2/2014 y liquidar y pagar el 15/7 las indemnizaciones por despido, adelantando que ya había convocado a su personal activo a retomar tareas para el 1/6. El 1/6 los manifestantes volvieron a impedir el acceso del personal convocado, lo que no pudo ser interpretado de otra forma que como un nuevo rechazo a la propuesta de la Empresa.

    1.  El 13/7, ante la persistencia de la medida de fuerza que impide a la Sociedad operar comercialmente y que no pretende otra cosa que provocar el cierre de la misma, la Sociedad despide, en los términos del art 242 LCT, a 50 de sus empleados remanentes, todos ellos integrantes de los autodenominados “operarios en cooperativa” quedando reducido su plantel a 38 empleados .

    1. Con el objetivo de la apropiación en su mira, los ex empleados devenidos en cooperativistas continuaron con sus intimidaciones y su accionar delictivo, inundado de mentiras y falsedades tanto a los otros operarios como a la opinión pública en general. A través de un patrocinio legal tan cuestionable como sus acciones, presentaron contra la Empresa un improcedente pedido de quiebra, en extraña jurisdicción, lo que obligó a la Sociedad a presentar su concurso preventivo en los términos previstos en la legislación vigente, a los efectos de resguardar no sólo su patrimonio, sino también el de sus clientes y proveedores, y preservar al mismo tiempo la fuente de trabajo de sus empleados remanentes. Tal presentación se efectuó el 15/7 ante el Juzgado Civil y Comercial N° 20, Secretaría 40, de la Ciudad autónoma de Buenos Aires.

    1. El 3/8 los manifestantes devenidos en cooperativistas irrumpieron nuevamente con violencia en el interior del predio y usurparon por segunda vez las instalaciones.

    1. El 19/8 los usurpadores fueron nuevamente desalojados por orden del Juzgado de Garantías N° 2 y las Fiscalías 5 y 8 de Morón.

    1. El 27/8 los manifestantes devenidos en cooperativistas volvieron a irrumpir en el predio por tercera vez, en esta oportunidad con aún mayor violencia. Expulsaron del predio al personal de la Empresa de Seguridad privada, al que previamente habían privado de agua, luz y comunicaciones, e impidieron el ingreso de los relevos por cambio de turno. Los usurpadores en esta oportunidad han procedido a utilizar maquinarias, materias primas, energía eléctrica, vehículos y demás bienes de uso de la Empresa en una aparente actividad productiva sin autorización ni derecho alguno. Desde la expulsión del Servicio de Seguridad privada, los usurpadores han permitido el ingreso de personal ajeno a la planta, incluyendo mujeres y niños, a los que han llegado a permitir la utilización de vehículos y maquinarias, poniendo en riesgo incluso su propia integridad física.

    1. A partir de esa nueva usurpación, los ocupantes han comenzado no solamente a  intentar actividades productivas a partir de materias primas y demás elementos de propiedad de la Empresa, y han manipulado documentación societaria, ambas cosas sin autorización ni derecho alguno, sino que también hay indicios de que han comenzado a efectuar saqueos de diversa índole sobre materiales y maquinarias de propiedad de la Empresa.

    1. El 5/11 el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón dictó una nueva orden de desalojo, de cumplimiento efectivo a partir del 17/11, lo que pone de manifiesto una vez más la ilegalidad de la usurpación y ratifica las acciones penales contra los delincuentes. En la resolución se intima a los usurpadores a retirarse del Establecimiento por su voluntad bajo apercibimiento de ser retirados por la fuerza pública. La medida fue apelada por los usurpadores e inexplicablemente el Juzgado de Garantías N°2, el mismo que había dictado el desalojo, concedió la apelación con efecto suspensivo.

    1. El 4/1/2016 la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, Secretaría I, en respuesta a esa apelación, en una resolución por mayoría confirma la procedencia del desalojo y devuelve el expediente al Juzgado de Garantías N°2 para que continúe con el mismo, medida que incomprensiblemente aún no ha sido implementada por el Juzgado.

    2. El 22/3/16 el senado provincial da sanción definitiva a un proyecto de ley de expropiación de todo el patrimonio societario en beneficio de la misma cooperativa de trabajo que lleva adelante la usurpación ilegal del predio. Tal sanción fue decidida sobre tablas, sin despacho a comisión y sin consultar siquiera con la Empresa acerca de la real situación de los hechos, de forma oscura y curiosamente análoga al tratamiento que había tenido en la cámara de diputados en septiembre de 2015. Dicha ley, que habría sentado un gravísimo antecedente y hubiera sido un atropello sin precedentes a la propiedad privada y al desarrollo de nuevas inversiones en el país, fue lógica y justamente vetada por el ejecutivo provincial el 13/4/2016, dejándola sin efecto, mediante el Decreto 307/16 publicado en el Boletín Oficial el 29/4/2016.

    3. Con fecha 5/5/16 el Juzgado de Garantías N° 2 dicta una resolución por la cual se dispone la inmediata restitución del inmueble a sus legítimos propietarios, “debiendo confeccionarse en dicho momento un amplio y detallado inventario de los bienes y documentación existentes en el predio”. En dicha resolución también “se intima a los ocupantes del inmueble mencionado para que en el plazo de 10 días de notificados desocupen el inmueble bajo apercibimiento se hacer efectivo su lanzamiento por la fuerza pública”. Tal resolución fue posteriormente complementada por otra de fecha 16/6/16, por la que se resolvió librar oficios a distintos organismos públicos “tendientes a lograr un desalojo pacífico, efectivo, y que impida el ulterior reingreso en el predio en cuestión”, recibidos los cuales debía “expedirse sin más trámite la orden de lanzamiento correspondiente”. Sin embargo, esa orden judicial quedó una vez más interrumpida en razón de que la legislatura bonaerense promulgó una nueva ley (Ley 14827/16) decretando la suspensión de ese desalojo por el término de 90 días, para dar lugar -según sus considerandos- a negociaciones entre la Empresa y los usurpadores en el marco del Ministerio de Trabajo provincial. Si bien esas negociaciones se llevaron a cabo entre las partes, con predisposición de la Empresa y la mejor intención de ese Ministerio, los usurpadores rechazaron de plano una vez más cualquier intento conciliatorio y ratificaron su propósito de continuar con la ocupación, desoyendo cualquier orden judicial en contrario.

    1. Habiéndose vencido recientemente el plazo contemplado en la ley 14827, se está a la espera de que la Justicia penal siga adelante con el lanzamiento del desalojo oportunamente dispuesto.

     

    Todos los hechos arriba mencionados por los que la Sociedad ha sido y continúa siendo damnificada se hallan debidamente documentados en las actas correspondientes ante el Ministerio de Trabajo de Morón, y en las varias presentaciones y denuncias en el fuero penal, y que fueron radicadas en las UFI 2,  5 y 8 de Morón (IPP 10-00-006922-15 y anexas), las cuales se encuentran en pleno trámite.

    Merlo, noviembre de 2016


 
 
   
     
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