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DESARROLLO DEL CONFLICTO

A comienzos de febrero de 2015, y como consecuencia de una mínima discrepancia salarial, el personal agremiado a SMATA inició un paro de actividades, que continuó días después con una violenta toma de las instalaciones industriales que la firma posee en Merlo, provincia de Buenos Aires.

Si bien la toma de las instalaciones fue desalojada a fines del mes siguiente por orden judicial, los ocupantes procedieron inmediatamente a ocupar la vereda y el playón de acceso a la fábrica, no permitiendo el ingreso de los operarios y empleados que no adherían al conflicto ni a los propios dueños de la firma, impidiendo desde ese momento y hasta el presente, de manera ilegal, toda actividad económica a la Empresa.

Desde el inicio del conflicto la Sociedad ha efectuado reiteradas propuestas conciliatorias a las Entidades gremiales (Smata y Asimra) por ante el Ministerio de Trabajo, y todas ellas han sido sistemáticamente rechazadas por la parte gremial. Se ha exhortado paralelamente al personal en numerosas oportunidades a retomar las tareas, única forma posible de mantener las fuentes de trabajo de los 188 empleados que poseía la firma. Ante la negativa constante a todas nuestras propuestas, a los 60 días de la toma de la fábrica y consecuente inactividad económica impuesta y contraria a su voluntad, la Empresa procedió al despido de 98 operarios, exhortando una vez más al Ministerio de Trabajo a ordenar el reinicio de las tareas, a los efectos de garantizar las fuentes de trabajo de los 90 operarios restantes. Con ese objetivo la Empresa convocó a tres oportunidades diferentes (marzo, abril y junio) a su personal a retomar tareas, y en todas ellas el ingreso fue violentamente impedido por los manifestantes. Ante la continuidad de las ilegales medidas de fuerza y la negativa de acceder a conciliación alguna, a mediados de julio, y luego de cinco meses de inactividad comercial impuesta de manera ilegal, la Empresa procedió al despido de 50 operarios, quedando reducido su plantel a 38 dependientes.

Ha quedado claramente demostrado en las varias audiencias ante el Ministerio de Trabajo entre la Empresa y los trabajadores, y por declaración y reconocimiento de los propios manifestantes, que, bajo el falso pretexto de una discrepancia laboral, el verdadero propósito de los instigadores de esta medida de fuerza ha sido la creación de una cooperativa y la consecuente apropiación ilegal del patrimonio de la Empresa con fines de provecho propio.

Con ese objetivo, los ex empleados devenidos en cooperativistas han continuado con sus intimidaciones y su accionar delictivo, inundado de mentiras y falsedades tanto a los otros operarios como a la opinión pública en general, y a través de un patrocinio legal tan lamentable como sus acciones han presentado contra la Empresa un improcedente pedido de quiebra, en extraña jurisdicción, lo que ha obligado a la Sociedad a presentar su concurso preventivo en los términos previstos en la legislación vigente, a los efectos de resguardar no sólo su patrimonio, sino también el de sus clientes y proveedores, y preservar al mismo tiempo la fuente de trabajo de sus empleados remanentes.

En una muestra más de desapego a las normas legales y carencia de respeto a la justicia y a la propiedad privada, a principios de agosto los ex empleados devenidos en cooperativistas procedieron a usurpar con violencia y por segunda vez el predio industrial. Fueron nuevamente desalojados por orden judicial dieciséis días más tarde, no obstante lo cual volvieron a usurpar el predio por tercera vez siete días después, con violencia creciente, en un clarísimo desacato a las órdenes judiciales pertinentes. En esta última oportunidad, expulsaron con violencia al personal de la Empresa de Seguridad privada contratada por la Sociedad, a quienes previamente habían privado de luz, agua y comunicaciones. En esta nueva toma han llegado al extremo de utilizar materias primas, maquinarias, vehículos y demás bienes de uso de la fábrica en una parodia productiva, por lo que los responsables, que ya habían sido demandados penalmente, serán también demandados civilmente de acuerdo con las leyes vigentes, y deberán responder económicamente por los graves daños y perjuicios que han ocasionado y continúan ocasionando.

Tal como lo ha manifestado reiteradísimas veces ante el Ministerio de Trabajo, la Empresa procederá a la liquidación y pago de los saldos impagos que correspondan y de los despidos en cuanto pueda acceder a sus instalaciones administrativas, lo cual al día de la fecha, y desde hace más de seis meses, se halla impedido en forma violenta e ilegal por los propios manifestantes, que, en un primer momento, por un lado reclamaban dicho pago y por otro lado impedían el ingreso del personal a la planta para liquidarlo adecuadamente. Más tarde, y en un claro autoreconocimiento de sus verdaderas intenciones, han declarado ante distintos medios que ya no les interesa el cobro de sus indemnizaciones, sino que lo que pretenden es, lisa y llanamente, quedarse con el patrimonio empresario.

En otro claro intento de confundir a la opinión pública, los cooperativistas se refieren falsamente a la Empresa como “ex-Petinari”, lo cual no tiene el más mínimo sustento, dado que la Sociedad se halla vigente, cumple con todas sus obligaciones societarias, tiene un Directorio activo y constituido en legal forma, y todos sus accionistas están radicados en el país.

Desde hace varios meses, la única razón por la cual la Empresa no puede operar comercialmente, atender sus compromisos, producir, ni dar trabajo es que, contrariamente a su voluntad, está impedida de hacerlo por la acción ilegal y delictiva de dichos manifestantes.

La Empresa ha efectuado en cada etapa del conflicto todas las denuncias correspondientes en los fueros laborales y penales, las que lamentablemente hasta ahora no han tenido resultados que conduzcan a solución alguna.

Como se ha mencionado anteriormente, a esta altura, y a seis meses del inicio del conflicto, se han acumulado suficientes elementos de prueba que demuestran que bajo la excusa de un conflicto salarial, la Sociedad se enfrenta a una actitud delictiva de parte de un grupo de ex operarios, ex empleados y personas oportunistas absolutamente ajenas, que no buscan otra cosa que provocar mediante coacción la asfixia económica, paralización y quiebra de la Empresa, para pretender justificar falsamente su pretendida cooperativa y avanzar hacia la usurpación de lo ajeno.

El Directorio reitera su compromiso de extremar las medidas legales a su alcance para no convalidar semejante atropello, y que, una vez superado este lamentable episodio, la Empresa volverá a producir y a sostener fuentes de trabajo, como lo viene haciendo desde hace sesenta años.

Merlo, septiembre de 2015





 
 
   
     
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